Los convenios alcanzados responden a la caída del 21% en los precios internacionales del maíz durante 2025, el nivel más bajo desde 2017. La Sader explicó que esta reducción está vinculada a un incremento global en la oferta del grano, que este año alcanzó un récord histórico de mil 286 millones de toneladas.

Ante este panorama, el Gobierno federal y las administraciones estatales acordaron implementar un nuevo esquema de ordenamiento y comercialización, con el propósito de otorgar mayor certidumbre a los productores, proteger los ingresos del sector y evitar la intervención de intermediarios que afecten los precios.

El Sistema Mexicano de Ordenamiento y Comercialización del Maíz, impulsado por la Sader, busca construir un modelo más transparente, competitivo y equitativo para los agricultores del país. Este sistema permitirá regular los procesos de compra-venta, garantizar precios de referencia justos y fortalecer la relación directa entre productores e industrias consumidoras.

Como parte del acuerdo, el Gobierno federal y los estados participantes aportarán 900 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 800 pesos serán financiados por la Federación y el resto por los gobiernos estatales. Este apoyo busca mitigar el impacto de los precios internacionales y mantener la productividad del campo nacional.

Con la firma de los acuerdos, los bloqueos carreteros en zonas agrícolas fueron levantados, permitiendo restablecer la movilidad y la distribución de alimentos.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, destacó que el acuerdo representa un paso firme hacia una política agroalimentaria moderna y justa. “Estamos garantizando que el trabajo de quienes siembran y cosechan maíz sea retribuido con dignidad, transparencia y visión de futuro”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que los recursos y apoyos se entregarán de forma directa a los productores, evitando prácticas discrecionales o de intermediación.

Con este pacto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible del campo mexicano, la innovación en los sistemas de comercialización y la defensa de uno de los cultivos más emblemáticos del país: el maíz.