Las irregularidades señaladas y el fondo institucional del caso

La denuncia presentada por el síndico apunta a la existencia de 77 expedientes relacionados con pagos de liquidaciones y finiquitos que habrían sido cobrados sin contar con la autorización legal del representante jurídico del municipio.

Uno de los casos expuestos refiere la entrega de aproximadamente 250 mil pesos a un exdirector, cuando el monto que legalmente correspondía habría sido muy inferior. El señalamiento no se limita al monto, sino al procedimiento administrativo, que —de acuerdo con lo denunciado— se habría vulnerado al presentarse los expedientes para revisión cuando los cheques ya habían sido firmados, entregados y cobrados.

Ante estos hechos, Escudero García acudió al Órgano Interno de Control, solicitando medidas preventivas para resguardar expedientes, evitar alteraciones y frenar posibles actos de intimidación hacia su persona y el personal de la sindicatura.

La figura del síndico y el valor de incomodar desde la legalidad

El papel del síndico procurador jurídico no es ornamental. Su función central es defender el interés legal del municipio, incluso cuando ello implica cuestionar decisiones internas o advertir riesgos administrativos.

En ese sentido, la actuación de Escudero García proyecta una imagen que trasciende el episodio concreto: la de un funcionario que asume el costo de cumplir su mandato, aun cuando ello pueda generar tensiones políticas o personales.

Desde una lectura institucional, denunciar no es confrontar. Denunciar es activar los mecanismos del Estado de derecho. En un país que ha hecho de la lucha contra la corrupción una exigencia social permanente, callar irregularidades suele ser más dañino que exhibirlas.

Advertencias, límites administrativos y el debate sobre la representación legal

Como antecedente inmediato, el síndico promovió un juicio ciudadano tras recibir una orden administrativa que le impide intervenir en la revisión de contratos de Tesorería y Administración.

La disposición, emitida desde la Dirección Jurídica municipal, argumenta que el síndico “no tiene facultades” para tales revisiones. Escudero García ha calificado esta medida como una limitación indebida a su función constitucional como representante legal del municipio.

Este punto introduce un debate relevante: ¿dónde termina la competencia administrativa y dónde comienza la obligación de supervisión jurídica? Resolverlo no solo es un asunto local, sino un precedente para la vida institucional de los municipios.

Una imagen que se fortalece en tiempos de desconfianza pública

En un contexto nacional marcado por el hartazgo ciudadano frente a la opacidad, los perfiles que asumen riesgos para exigir claridad suelen ganar legitimidad social, incluso más allá de sus filiaciones partidistas.

La imagen pública que emerge de este episodio no es la de un actor en confrontación, sino la de un servidor público que apela a la responsabilidad, al debido proceso y al interés colectivo. La narrativa que se construye alrededor de estos actos suele ser clara: la transparencia no debería ser una excepción heroica, sino una práctica cotidiana.

En SUMMA, sostenemos una línea clara: las irregularidades deben investigarse, vengan de donde vengan. No se trata de personalizar conflictos ni de escalar confrontaciones, sino de defender principios básicos de la vida democrática.

Cuando un funcionario decide hablar, documentar y acudir a las instancias correspondientes, no debilita a las instituciones: las pone a prueba. Y solo las instituciones que resisten la prueba de la transparencia pueden aspirar a la confianza ciudadana.

En un país que exige resultados reales contra la corrupción y la opacidad, la valentía institucional no debería castigarse, sino reconocerse como parte esencial del servicio público. Y, cabe destacar la frase con la que cerró uno de sus últimos videos acerca de los acontecimientos:

“…Voy a seguir cumpliendo con mi deber, porque yo me debo a la gente de Tulancingo, que me eligió con su voto para representarla en el Ayuntamiento.”