Una política sin horizonte: la contradicción institucional

El actual gobierno, bajo iniciativa de Claudia Sheinbaum y Morena, impulsó la prohibición del cultivo de maíz transgénico en México.

La decisión, presentada como una defensa de la soberanía alimentaria y la salud pública, careció de un diseño de transición productiva. No se acompañó de mecanismos que compensaran la pérdida de competitividad ni de apoyos técnicos que permitieran a los productores adaptarse a un modelo más sustentable.

Paradójicamente, mientras se vetó el cultivo en territorio nacional, se mantuvo abierta la importación de maíz transgénico desde Estados Unidos, país que opera bajo un esquema intensivo de subsidios y alta productividad.

Así, el gobierno mexicano, en nombre de la soberanía, reforzó la dependencia estructural del país y dejó a los campesinos en una posición de vulnerabilidad frente a un mercado asimétrico.

El error no radica necesariamente en prohibir, sino en prohibir sin prever, en legislar sin comprender las condiciones materiales del país que se gobierna.
Una política pública sin diagnóstico es, en esencia, una política condenada al fracaso.

El T-MEC y la soberanía condicionada

En el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el maíz debería considerarse un producto estratégico, protegido no solo por su valor económico, sino también por su peso simbólico y cultural.

Sin embargo, México ha negociado históricamente desde una posición defensiva, sin aprovechar las herramientas que el propio tratado ofrece para exigir reciprocidad y trato equitativo en materia de subsidios y comercio agrícola.

Mientras Washington protege a sus agricultores mediante subsidios directos y barreras regulatorias, México liberaliza su mercado interno sin mecanismos compensatorios.

El resultado es una apertura desigual que socava la producción nacional y profundiza la dependencia alimentaria.

El T-MEC podría y debería ser utilizado como un marco de protección estratégica del maíz mexicano, incorporando cláusulas específicas para mitigar el impacto de las importaciones y garantizar condiciones de competencia justas.

Proteger el maíz desde el T-MEC no es proteccionismo: es inteligencia económica en defensa de la soberanía.

El campo como indicador del Estado

El problema del maíz no es únicamente agrícola; es político.
El campo funciona como un termómetro de la relación entre el Estado y su población rural: cuando el campesino protesta, lo que se fractura es el pacto social que sostiene la legitimidad del poder público.

El abandono institucional del agro es un síntoma de la desconexión entre la política y la realidad material.

México no puede seguir adoptando políticas “ambientalmente correctas” sin sustento productivo ni respaldo económico.
Cada decisión legislativa debería partir de una evaluación multidimensional: su impacto en la competitividad, en el mercado interno, en la seguridad alimentaria y en la estructura social del campo.

Del discurso a la política de Estado

Defender al maíz no es una consigna nostálgica; es una estrategia de soberanía nacional y estabilidad económica.

El país necesita una atención real, no entendida como reparto de tierras, sino como una reconfiguración institucional que coloque al campesinado como actor central del desarrollo.

El campo no pide compasión, pide Estado.
Porque cuando las decisiones se toman sin inteligencia política ni visión económica, no solo se empobrece el campo, se empobrece la nación.

¿64 razas de maíz, realmente protegidas?

En los portales oficiales del gobierno federal, el programa “Sin maíz no hay país” se presenta como una iniciativa impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, reforzando la percepción de que se trata de un proyecto personal o de su administración.

Sin embargo, este lema no nació del gobierno, sino de un movimiento campesino, social y cultural con casi dos décadas de historia, dedicado a la defensa de la soberanía alimentaria, la protección de los maíces criollos y el rechazo al maíz transgénico.

Por ello, el uso oficial del lema constituye una apropiación simbólica: el Estado toma una consigna colectiva y crítica originada en la sociedad civil, y la reconfigura dentro de su discurso institucional, presentándola como propia.

Al hacerlo, se despoja al lema de su carga política original y se corre el riesgo de convertirlo en un eslogan gubernamental, desvinculado de las luchas campesinas que le dieron sentido.

Este gesto simbólico revela una lógica más profunda: la tendencia del gobierno a sustituir la construcción real de políticas por narrativas que buscan legitimidad inmediata.

Al hacer una reforma estructural o lanzar un nuevo programa, el gobierno debe preparar las condiciones sociales y políticas que lo hagan viable y legítimo.

Es precisamente en ese proceso de construcción anticipada del consenso donde se mide el apoyo real al campo, y no en la apropiación de símbolos colectivos ni en respuestas reactivas que buscan legitimidad inmediata.

La eficacia de una política pública como “Sin maíz no hay país” no radica en el uso retórico de un lema con arraigo social, sino en la capacidad del Estado para establecer un diálogo genuino, sostenido y respetuoso con las comunidades campesinas.

Un gobierno verdaderamente comprometido con la soberanía alimentaria debe ser proactivo y preventivo, no esperar a que los productores lleguen al límite de la precariedad para intervenir.

Preparar el terreno antes de reformar implica reconocer los saberes locales, fortalecer la organización comunitaria y garantizar que las políticas nazcan del consenso, no de la imposición simbólica.

Mientras haya maíz en nuestras manos, habrá futuro en la tierra e identidad en el pueblo.
Honremos al campesino que alimenta a un país que muchas veces lo olvida.