Un mercado que creció sin reglas claras

La reventa de boletos no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de México. Sin embargo, a diferencia de otros países, el marco regulatorio mexicano no evolucionó al ritmo del mercado digital, lo que permitió prácticas como precios dinámicos sin transparencia, cargos adicionales poco claros y aumentos que multiplican varias veces el valor original del boleto.

El problema no es la existencia de la reventa como actividad económica, sino la ausencia de reglas que protejan al consumidor frente a abusos sistemáticos. En la práctica, la compra de boletos se convirtió en una carrera desigual entre plataformas automatizadas, intermediarios informales y consumidores sin información suficiente.

La propuesta: más Profeco, menos simulación

La Ley Boleto Seguro plantea una reforma puntual a la Ley Federal de Protección al Consumidor para fortalecer las facultades de la Profeco, permitiéndole actuar de forma preventiva y no solo reactiva. El enfoque es relevante: pasar de la queja posterior al daño, a la supervisión en tiempo real de los procesos de preventa, venta y reventa.

El planteamiento reconoce un hecho incómodo para muchos actores del sector: la reventa existe y no desaparecerá por decreto. Por ello, la iniciativa propone registrarla, monitorearla y supervisarla, estableciendo reglas claras de operación, transparencia en precios y certeza para quienes compran.

Desde una lectura política, este punto es clave. No se intenta prohibir un mercado, sino ordenarlo bajo principios de competencia justa y protección al consumidor, algo que hasta ahora no había sido asumido con claridad en el debate legislativo.

El caso BTS y la politización del consumo cultural

La discusión cobró mayor visibilidad tras los problemas documentados en la venta de boletos para conciertos de alto perfil, como el de la agrupación BTS. Más allá del fenómeno fandom, el episodio evidenció fallas estructurales en los esquemas de precios dinámicos y en la información ofrecida al consumidor.

Aquí la iniciativa de Olvera Bautista conecta con una agenda más amplia: el derecho al esparcimiento en condiciones justas. Cuando el acceso a eventos culturales y deportivos queda condicionado a prácticas abusivas, el consumo cultural deja de ser un lujo y se convierte en un factor de exclusión.

El señalamiento sobre posibles esquemas de evasión o elusión fiscal en la reventa añade otra capa al debate: no solo se afecta al consumidor, sino también al Estado y a los propios artistas y promotores.

Lectura política: regulación con costo y oportunidad

Regular un mercado popular pero altamente rentable no es políticamente neutro. La iniciativa enfrenta intereses económicos consolidados y modelos de negocio que han prosperado precisamente por la falta de supervisión. En ese sentido, Simey Olvera asume un costo político consciente, posicionándose del lado del consumidor en un tema de alto impacto social.

El respaldo inicial de senadores de Morena y del Partido Verde indica que el tema tiene viabilidad política, aunque el verdadero reto estará en el diseño fino del reglamento y en la capacidad real de Profeco para ejercer estas nuevas atribuciones.

Más allá de su tránsito legislativo, la Ley Boleto Seguro abre una discusión de fondo: hasta dónde el Estado debe intervenir en mercados digitales cuando la asimetría entre empresas y consumidores se vuelve estructural. Esa pregunta trasciende los boletos y anticipa debates similares en otros sectores.