La iniciativa busca que cada municipio cuente con elementos capacitados con perspectiva de género, capaces de brindar atención sensible y oportuna. Asimismo, establece que los ayuntamientos deberán asignar recursos técnicos, humanos y financieros, y definir en 90 días sus protocolos de actuación.

La propuesta reformaría la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para dotar de un marco jurídico sólido a esta nueva estructura, que trabajará en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y su Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género.

Con esta medida, más de 8.7 millones de mujeres mexiquenses —el 51.4% de la población estatal— se verán directamente beneficiadas con un modelo de seguridad sensible y preventivo, enfocado en la protección y el acompañamiento integral.

“La seguridad rosa es un compromiso con la vida, con la dignidad y con el derecho de todas las mujeres a sentirse seguras en sus calles y en sus hogares”, expresó la legisladora.

De aprobarse, la iniciativa convertiría al Estado de México en referente nacional en políticas locales de seguridad con enfoque de género, al pasar de la reacción a la prevención activa, y de la atención fragmentada a la coordinación institucional con rostro humano.